En presencia de autoridades, entre ellas la Sra. Helga Lahmann del Departamento Nacional de Planeación, la Sra. Claudia Patricia Castro de la Sub Permanencia del Ministerio de Educación, funcionarios del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Comité Departamental de lucha contra la Trata de personas de la Gobernación de Risaralda, Embajada de Estados Unidos en Colombia y representantes de la Academia, organismos internacionales (UNODC, ONU Derechos Humanos y OIM) y organizaciones de la Alianza colombiana de ONG contra la Trata de Personas, la Corporación Espacios de Mujer presentó los resultados del primer Balance de la implementación  de las políticas anti-trata en Colombia. El estudio realizado durante el 2016 se hizo en paralelo con Bolivia y Guatemala, por Fundación La Paz y por ECPAT Guatemala respectivamente y con el apoyo y asesoría técnica de la Alianza Global contra la trata de Mujeres  (GAATW). Los objetivos del balance fueron (1) identificar la brecha existente entre lo que dice la legislación contra la trata y los servicios reales que las entidades gubernamentales proporcionan y (2) ofrecer recomendaciones claras al gobierno para reducirla.

 

Este balance es una herramienta de auditoría social de la gestión pública, implementada por primera vez en el Perú por CHS Alternativo.  La metodología empleada (envío de cartas desde la sociedad civil solicitando información a los sectores responsables de implementar la política de trata en cada país como son ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc.) se sustenta en las normas nacionales de transparencia y acceso a la información.

Representantes de Espacios de Mujer destacaron que se trata de un instrumento de fortalecimiento del quehacer institucional y de exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones a las autoridades para avanzar en la lucha contra la trata de personas. Lamentaron también la falta de asignación de presupuestos específicos a los sectores responsables, que permitan un sistema de protección eficiente y mejoren la atención especializada a las víctimas y sobrevivientes.

Esta experiencia, iniciada en el 2008 en el Perú y ahora implementada en Bolivia, Guatemala y Colombia, permite esperar que se amplíe a más países de la región y se convierta en una herramienta válida de monitoreo de la Política Pública en materia de lucha contra la Trata de personas para América Latina.

CONCLUSIONES

· La prevención en Colombia parece limitarse a la realización de campañas de información, toma de espacios públicos y acciones de formación y capacitación. Sería importante incluir el diseño e implementación de medidas de tipo económico y social que permiten disminuir el riesgo de que el delito ocurra o un enfoque más orientado a abordar las causas que generan la trata de personas.

· Si bien se destaca la realización de numerosas y diversas actividades de sensibilización e información, aún es débil el proceso de sistematización de los alcances y resultados de las acciones realizadas, que tenga en cuenta los diversos públicos objetivos y los territorios de intervención, las buenas prácticas individuadas, las metodologías innovadoras que se pueden replicar y el presupuesto que se les ha asignado.

· En asistencia y protección no existen mecanismos que permitan a las víctimas de la trata un acceso prioritario a servicios de atención y protección.

- En el ámbito educativo, no existen protocolos o programas que favorecen la reintegración de las víctimas de trata al sistema educativo en cualquiera de sus niveles.

- En el ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo y el SENA no toman en cuenta dentro de sus programas de promoción de la empleabilidad, estrategias que den prioridad de acceso a las víctimas para la generación de recursos o para dotar a las víctimas de herramientas laborales que les permitan tener un ingreso y las alejen de los círculos de explotación, asignando por ejemplo cuotas en sus programas formativos y laborales. Dada la importancia que el factor “empleo” tiene como causa de la trata, es fundamental que los procesos de orientación y atención de estas entidades estén diferenciados y atendidos por funcionariado sensibilizado sobre el tema.

- En el ámbito de la salud, las víctimas son afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, si no los son y necesitan atención inmediata, reciben atención en salud a través de la red de IPS pública.

· En Colombia no se cuenta con albergues, refugios o espacios seguros que dispongan de personal especializado para atender a las víctimas de la trata (solo en Bogotá, se cuenta con 1 casa refugio, de las 4 existentes, destinada a mujeres víctimas de la violencia que, en articulación con el Ministerio del Interior, permite el acceso también a las presuntas víctimas de trata de personas).

· Tampoco existen programas que permitan monitorear la reintegración de la víctima en su familia, comunidad y a la sociedad en general.

· Existe una alarmante impunidad frente al delito de trata.

· Actores no contemplados en los planes nacionales desarrollan acciones relevantes en la implementación de las políticas dirigidas a la asistencia a las víctimas y a la persecución del delito.

RECOMENDACIONES

· Especificar las competencias de cada organismo en la lucha contra la trata.

· Disponer partidas presupuestarias para los sectores responsables de prevenir, asistir y proteger, perseguir y judicializar el delito, para que se puedan proveer servicios efectivos y especializados.

· Elaborar un Plan de Acción Anual con metas e indicadores de gestión medibles de la eficiencia y eficacia en su cumplimiento.

· Contemplar en la prevención el combate a las causas estructurales de la trata: cultura patriarcal, pobreza, falta de oportunidades y acceso a la educación y a un empleo digno.

· Coordinar las acciones interinstitucionales para garantizar la efectiva protección de los derechos de las víctimas.

· Pensar la protección como un proceso integral, que inicia con la identificación de la víctima y termina con la restitución de sus derechos y garantía de no repetición de los hechos.

· Brindar seguimiento a la acción del Estado en el proceso de restitución de derechos, tanto a nivel legal, psicológico y social y poder identificar el grado de restitución de derechos de una persona, a partir de estándares que midan el acceso a la justicia, la recuperación de su salud psíquica y mental y el acceso a servicios básicos, entre otros.